A aquellos que se desesperan por la falta de alternancia en el poder y que, no obstante la trágica experiencia de nuestro 11 de septiembre con todas sus secuelas, se permiten llamar al "desalojo" de la coalición gobernante, habría que recordarles que es la institucionalidad por ellos diseñada la que consagra el inmovilismo.
Es nuestro sistema político ultra presidencialista consagrado en la Constitución de 1980, el que constituye una camisa de fuerza que no contempla salida alguna para el fracaso de un gobierno, como sí ocurre en las más perfectas democracias occidentales, de carácter parlamentario, en las que existen los muy civilizados mecanismos del voto de censura y el voto de confianza, merced a los cuales, se confirma la mayoría de la fuerza gobernante o bien ésta pasa a ser reemplazada por otra, sin que ello signifique ningún trauma, sino sólo la dinámica propia de un sistema de gobierno que refleja fielmente la voluntad ciudadana.
Si queremos una sana política de acuerdos, legítima y efectiva, démonos nosotros los ciudadanos, el poder constituyente originario, una nueva Constitución y optemos por el parlamentarismo, régimen político en el cual, lo que prima son los acuerdos para la formación de mayorías gobernantes, pero consumados por los legítimos representantes de la ciudadanía y no por élites políticas eternizadas en el poder gracias a una institucionalidad política ad hoc ideada bajo un régimen de facto y cuya llave maestra es el antidemocrático sistema binominal, sin que la ciudadanía con su voto pueda influir mayormente.
La derecha, igual de insensible al sentimiento nacional como la coalición gobernante, no percibe que mientras sigamos en esta camisa de fuerza que representa la Constitución de 1980 para la genuina expresión democrática de chilenos y chilenas, seguirá siendo minoría, porque es la forma en que los ciudadanos expresamos nuestro rechazo a esta democracia de mentira, que no nos dimos nosotros soberanamente, sino que nos fue impuesta por una dictadura en una parodia de acto cívico, como fue el fraudulento plebiscito de 1980. En tanto que si tuvieran la audacia y el coraje de jugarse por el cambio de nuestro régimen político en una nueva Constitución Parlamentaria, originada en una Asamblea Constituyente que nos represente a todos, siendo un motivo de unidad nacional y no el factor de división actual, sin duda el panorama cambiaría y podrían empezar a pensar en ser gobierno.
Cuando defiendo y postulo la adopción del régimen parlamentario para nuestro país, me estoy refiriendo a lo que se entiende por tal en el Derecho y la ciencia política, que ciertamente no se corresponde con la experiencia posterior a la Revolución de 1891 en nuestro país, sino con aquellos actualmente experimentados con éxito en todos los continentes, si bien nacidos en Europa, sea en monarquías constitucionales (Reino Unido, España, Holanda, Suecia, Bélgica, etc.) o en repúblicas parlamentarias (Portugal, Alemania, Italia, Irlanda, etc.). En el Derecho, existe un aforismo que dice, "las cosas son lo que son y no lo que se dice que son", y la así llamada por nuestra historiografía República Parlamentaria, no era un régimen parlamentario con los mecanismos del voto de censura y el voto de confianza, así como la antigua República Democrática Alemana tampoco era una democracia
Este régimen parlamentario debiera contemplar un Parlamento unicameral. Hay que destacar que la vigencia de la Constitución de 1980 ha conllevado el desprestigio permanente del Senado, primeramente, por la incorporación de los senadores designados, que significó una antidemocrática representación minoritaria para la coalición mayoritaria durante sus 3 primeros gobiernos. Y pese a su eliminación por la reforma constitucional de 2005, en la práctica, la institución de los senadores designados, ha sobrevivido, merced al antidemocrático sistema binominal, que asegura un cupo a cada coalición, lo cual, unido a la opción de presentarse sólo o "blindado" en la lista respectiva, asegura el asiento senatorial al margen de la voluntad ciudadana al “blindado” de turno, por la sola designación partidaria previa. Por otra parte, también resulta del todo incoherente que se creen nuevas regiones que carezcan de representación senatorial, como ha estado ocurriendo últimamente. Tampoco se justifica la preservación de un Senado que cumple prácticamente las mismas funciones de la Cámara, aunque con una más pobre representación que aquélla en virtud de lo recién señalado. Finalmente, la preservación de la Cámara Alta sólo se traduce en una absurda actitud de nuestros representantes, que conciben el paso de la Cámara al Senado como una suerte de ascenso, con algún halo aristocratizante bastante ridículo.
jueves, 22 de noviembre de 2007
Defensa del Parlamentarismo (1)
Para quienes se oponen al parlamentarismo por ir contra nuestras tradiciones republicanas y porque ya habría fracasado en su aplicación, algunas aclaraciones:
En Chile, jamás ha existido propiamente un régimen parlamentario. Aquel que imperó después de la derrota de Balmaceda, correspondió más bien a un régimen de asamblea, que no contemplaba los instrumentos básicos y fundamentales del voto de censura y el voto de confianza. Estos son los que permiten la fiscalización del Gobierno por el Parlamento, así como el aseguramiento del necesario apoyo de la mayoría parlamentaria a la fuerza gobernante para su permanencia como tal. El que nuestra historiografía nacional haya denominado Período Parlamentario o República Parlamentaria a aquella etapa histórica, nada nos aporta. Como dice el aforismo, “las cosas son lo que son y no lo que se dice que son”, y la denominación de “parlamentario” para dicho período histórico, resulta tan extraviada como la calificación de “democrática” para la ex RDA.
Difícilmente podemos, entonces, dar por fracasado en nuestra experiencia histórica un sistema de gobierno al que ni siquiera le hemos dado la oportunidad de nacer.
Don Arturo Alessandri Palma, artífice de la Constitución de 1925, también se declaraba partidario del sistema parlamentario, pero sostenía que nuestro país aún no estaba preparado para su aplicación. Hay que considerar que estamos hablando de principios del siglo pasado y que el plebiscito con que se aprobó dicha Constitución fue el primer acto de soberanía popular mediante la aplicación del sufragio universal en nuestra historia republicana. Anteriormente, sólo se había utilizado el voto censitario. A estas alturas, sin embargo -en los albores del siglo XXI, a casi un siglo de distancia de tal acontecimiento y cercanos al Bicentenario de nuestra República- sospecho que don Arturo no tendría reparos y, más bien, sería un entusiasta partidario de su instauración inmediata.
Por otra parte, las tradiciones no tienen por qué inmovilizarnos ad aeternum e impedirnos la eliminación y reemplazo de instituciones de origen espurio e ilegítimo y que sólo generan división entre los chilenos, como ocurre con nuestra institucionalidad actual. Hay que tener en cuenta que nuestra tradición institucional presidencial, deriva, en gran medida, de nuestra condición de “patio trasero”. Como bien señaló don Andrés Bello, el régimen presidencial en Chile constituye una mala copia de los Estados Unidos.
Un muy buen ejemplo de la actitud que se ha de tener ante tradiciones negativas, está en la exitosa creación y puesta en funcionamiento de la reforma procesal penal, en la que se instituyó un procedimiento penal acusatorio que va contra 4 siglos de tradición inquisitiva, que no se condecía con las exigencias de un verdadero Estado de Derecho, el que tampoco se aviene con el presidencialismo extremo de la Constitución de 1980.
Agreguemos que el régimen parlamentario, cuando se ha planteado, ha recibido un apoyo transversal entre nuestras fuerzas políticas, por lo que su proposición como la forma de poner feliz término a una Transición eterna y sin destino conocido, resulta mucho más realista que concentrarnos, de tiempo en tiempo, en deshacernos del sistema minoritario binominal para adoptar un sistema electoral democrático. Tal apoyo se dio en los albores de la Transición durante el Gobierno de Patricio Aylwin, quien por sí y ante sí, “decretó” el término de aquella, acto voluntarista que se ha ido repitiendo gobierno tras gobierno, sin que nadie se lo crea, lo que llegó a su máxima expresión con la reforma constitucional de 2005, en la que el Presidente Lagos hizo suya –aunque no nuestra- la Constitución de 1980.
En cuanto a la invocación por algunos del título de Capitán General de la Época Colonial como antecedente de nuestra tradición autoritaria y presidencialista, habría que decir que el único de nuestros gobernantes que hizo uso de tal título, marcó una etapa histórica que no creo que actualmente provoque las nostalgias de nadie. Por la demás, la adopción del parlamentarismo no eliminaría la institución del Jefe de Estado radicada en el Presidente de la República, quien concitaría, por el contrario, mayores consensos y unidad en la ciudadanía que en su actual doble calidad de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, pasando a situarse, en cambio, por sobre el gobierno de turno, en manos de un Jefe de Gobierno o Primer Ministro y su Gabinete.
(1) Publicado originalmente en La Semana Jurídica, N° 320, semana 25 al 31 de diciembre de 2006.
miércoles, 21 de noviembre de 2007
S.O.S Ciudadano
Al margen de que aún no hayamos alcanzado una democracia en serio, en que se dé el gobierno de la mayoría y no el cogobierno de aquélla con una minoría sobrerepresentada, merced a una institucionalidad ad hoc legada por la Dictadura, hay que recordarle a nuestra autocomplaciente y extraviada clase política que tampoco resulta posible una situación de Estado de Derecho y democracia plena mientras no exista un verdadero pluralismo en un escenario de la más amplia libertad de prensa, lo que estamos muy lejos de cumplir.
Como bien destaca el investigador norteamericano Ken Dermota en su trabajo traducido al castellano como "Chile Inédito" (Ediciones B Chile S.A., 2002), mientras en Estados Unidos (así como en las principales democracias occidentales) la libertad de prensa y el pluralismo constituyen basamentos fundamentales e imprescindibles de la democracia y el Rule of Law, en nuestro país, en cambio, se los considera como "la guinda de la torta", i.e., como un plus deseable, pero que no representa un prerequisito o conditio sine qua non de la democracia.
Quisiera destacar aquí lo que a mí me significa la pobreza extrema de nuestra prensa duopólica de derecha, a la que he motejado en varias ocasiones como la más pobre del Continente Americano, con la sola excepción de Cuba, como una forma de ejemplificar desde un punto de vista muy personal, conocido por experiencia propia, el grave problema de falta de pluralismo y libertad de prensa que sufrimos en esta democracia de mentira o Transición eterna en que vivimos prisioneros desde 1990,
Puedo testimoniar que sufro de dicha situación de pobreza en forma muy directa a través del rechazo permanente para mis envios de comentarios a los diversos medios nacionales.
Efectivamente, no obstante haber dirigido siempre simultáneamente dichos comentarios a todos los diarios impresos de Santiago (salvo La Cuarta) y a El Sur de Concepción, es éste el único que suele publicar mis cartas, aunque casi siempre reducidas a menos del 50% de su extensión.
En El Mercurio, no se me ha publicado nada desde hace más de seis años, no obstante haber reclamado en forma explícita por ello en varias ocasiones, sin siquiera recibir un acuse de recibo al respecto. Como buena prueba de la grocera censura que sufro en dicho medio, puedo agregar que el desaparecido Diario Siete, durante su corta existencia de poco más de un año, me publicó más de 50 cartas, todas las cuales, fueron simultáneamente enviadas a El Mercurio (de hecho, varías de ellas daban respuesta o se referían a cartas o artículos publicados por dicho diario), así como al resto de los diarios mencionados, sin que el decano publicara ninguna. Lo más exasperante de esta situación, es que no tengo explicación alguna de esta actitud discriminatoria hacia mí de parte de "la Tribu", y sólo puedo especular acerca de un capricho de nuestro Rupert Murdoch criollo, lo que dista de ser un consuelo.
Lo que sí hay que reconocer es que en El Mercurio se da una singular esquizofrenia editorial entre su versión impresa y el blog, donde se brinda amplia acogida a lás más variadas opiniones, en tanto no critiquen a la primera o al blindado Hermógenes Pérez de Arce.
En el caso del diario La Nación, éste tampoco me publica nada desde hace años, pese ha haber reclamado el año pasado directamente ante Jorge Olave por recomendación de Felipe Portales, sin resultado alguno. Lo último que recuerdo publicado, eran cartas que decían relación con el Caso Spiniak y sus protagonistas, tales como Longueira y el abogado Espejo (el mismo que recientemente pretendía ser nombrado Fiscal Nacional). Ello coincide con el término de la dirección de Alberto Luengo, quien entiendo fue despedido por presión de la UDI, en uno más de los tantos actos de amedrentamiento que abundaron durante dicho período.
La Tercera no recuerdo que me haya publicado nunca una carta, con excepción de una de ya muy antigua data, en que sugería, entre otros aportes a nuestra Transición, negociar con el Gobierno de Su Majestad el destierro de Pinochet en Santa Elena, para beneficio y satisfacción de todas las partes involucradas, incluido el ex dictador. Las Últimas Noticias, en tanto, sí me ha publicado esporádicamente una que otra carta, siendo la última de ellas (1) una que se refería al repentino surgimiento de voluntarios para optar al cargo de Alcalde de Santiago, a los que me referí como "jauría de servidores públicos", y que se dio a fines del año pasado. Quizá su publicación se haya debido a que eran la mayoría concertacionistas.
Como le ha de constar a cualquiera que haya leído páginas web como
(!) Se me acaba de publicar otra carta el martes 20 de noviembre.
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